martes, 27 de julio de 2010

El Ayuntamiento niega copias de un expediente al PP «para ahorrar»

El gobierno local dice que los populares piden un documento «que ya tienen» y que aplica «restricción de gasto corriente»

El gobierno local decidió no entregar al edil del PP Roberto Coira las fotocopias de los dos tomos de la liquidación de la cuenta general del año 2009 que este concejal había solicitado el 14 de julio. En una resolución del pasado viernes, 23 de julio, firmada por el secretario general del Ayuntamiento, se recoge una resolución que acuerda «desestimar la petición formulada por Roberto Coira Andrade por haber solicitado ya anteriormente copia de la documentación concreta que precisaba, la cual fue debidamente entregada».
Ese extremo fue desmentido por fuentes del grupo municipal del PP, que aseguran que son sus ediles y asesores los que acuden diariamente a copiar de forma manual los datos recogidos en la cuenta general para poder conocer «el verdadero estado de salud de las finanzas del Ayuntamiento».

Pero lo que peor sentó en el seno de los concejales del PP no fue la negativa del gobierno local a facilitarles la documentación solicitada. «A que no nos den ningún documento estamos más que acostumbrados», explicaba ayer el concejal Julio Flores. «Pero -añadió-, a lo que no nos acostumbraremos nunca es a que pretendan tomarnos el pelo con un argumento tan estúpido como que no nos dan las copias de los documentos que pedimos para ahorrar».

Y es que en la misma resolución a la petición del PP, se recoge que su demanda «debe de ser desestimada al sobrepasar los límites razonables del ejercicio del derecho a solicitar copias en un momento en el que la restricción de los gastos corrientes es una política asumida por toda la corporación».

El equipo de gobierno insiste además en que «ya se había desestimado otra demanda del PP realizada respecto a la totalidad de la documentación» y que la nueva solicitud «supone una reiteración relativa a documentos del mismo expediente».

En el PP no dan crédito a la resolución. «No es algo nuevo, sino que es un obstruccionismo absoluto a las labores de la oposición que se ha venido produciendo de forma reiterada desde el inicio del presente mandato de unos concejales y un alcalde que gobiernan como si el Ayuntamiento fuera su cortijo», insistió Flores antes de lamentar que Javier Losada «haya borrado con típex la palabra transparencia de la vida diaria del gobierno local».

jueves, 20 de mayo de 2010

La falta de aparcamiento y los atascos en los accesos de la ciudad hunden el comercio

Otra muestra más de la inoperancia de un Ayuntamiento que no hace nada por la prosperidad real de los coruñeses.

En el 2001 había 21 tiendas por cada mil habitantes y ahora hay 13; el sector espera que en el próximo trienio cierren otro 40% de los negocios

La crisis económica ha acelerado los problemas estructurales del pequeño comercio coruñés. Es la tesis que defienden desde la Federación Provincial de Comercio, que preside Miguel Agromayor, y asociaciones del sector como Área Obelisco, en boca de su presidente Antonio Amor. El hundimiento del consumo ha supuesto que los problemas estructurales que venían sufriendo los pequeños comerciantes de la ciudad se hayan vuelto dramáticos. Amor explica como la falta de aparcamiento y los frecuentes colapsos del tráfico en los accesos a la urbe son taras estructurales de una urbe que «no tiene una política clara dentro del sector servicios», explica el presidente del Área Obelisco. Agromayor ilustra con datos el hundimiento de un sector: si en 2001 había 21 tiendas por cada mil habitantes, actualmente esa cifra se sitúa en 13. La extrapolación de esos datos habla de que unos dos mil negocios se han quedado por el camino en diez años. La apertura de centros comerciales ha sido la puntilla para un pequeño comercio que, según las perspectivas de futuro que maneja el sector, podrían perder al 40% por ciento de sus miembros durante el próximo trienio.

Soluciones y autocrítica

El primer paso para encarar esta monumental crisis ha sido la convocatoria, por parte de la federación provincial y de las diferentes asociaciones, de la primera asamblea general de la historia del comercio coruñés. Se celebrará el próximo domingo 27 de junio en Expocoruña. Miguel Agromayor señala que la principal intención de esta convocatoria no es la queja, sino la búsqueda de soluciones. Con este objetivo, los comerciantes están recibiendo en sus negocios una encuesta con una serie de preguntas dirigidas a la diagnosis de los problemas que atenazan al sector, y que así los propios comerciantes aporten posibles soluciones. Ahí aparecerán, como el propio Agromayor adelanta, dificultades estructurales como la falta de aparcamiento que perjudica a zonas comerciales como la calle Barcelona o el propio centro de la ciudad, «o temas como las consecuencias que tiene sobre el pequeño comercio el carril bus o los bolardos en las aceras».

La instalación de varios centros comerciales es otro de los puntos calientes de la crisis que viven los negocios de la urbe. «Posiblemente A Coruña se convierta en una de las ciudades de España con más metros cuadrados de centro comercial por habitante», explica un Antonio Amor que señala como ninguna de las administraciones públicas implicadas en la mejora de las infraestructuras ha pensado en «cómo atraer gente a la ciudad». «No hay una política clara que atienda las demandas del sector de servicios de A Coruña», concluye.

miércoles, 24 de marzo de 2010

Todavía falta por derribar la mitad de Penamoa

Qué fácil es maquillar los problemas con el dinero de los coruñeses. Mientras que a todos los que trabajamos humildemente el conseguir una vivienda nos cuesta el sueldo de toda una vida, a los que ni trabajan ni quieren trabajar se les consigue gratis con el dinero de nuestros impuestos. Mientas que nosotros escogemos el educarnos, integrarnos, trabajar y cumplir las leyes, ellos escogen todo lo contrario y aún encima se ven recompensados con vivienda y privilegios. ¿Qué clase de sociedad es esta? ¿Qué clase de políticos nos an tocado sufrir?

La Comisión de Integración, que ya facilitó viviendas a 161 personas del poblado, continuará con los realojos hasta completar 79 familias.

La tercera ronda pasó por el poblado de Penamoa como una segadora y ha dejado el poblado en la mitad de lo que era. Se pudo comprobar ayer en una reunión de la Comisión Permanente de Integración para el Plan Especial del asentamiento. En ella han participado los técnicos de Servicios Sociales que, entre otras cosas, informaron sobre diez nuevos expedientes de unidades familiares que habiendo firmado dicho compromiso de adhesión y habiéndose considerado adecuado su itinerario de intervención podrían iniciar el proceso de acceso a vivienda normalizada.

A estas alturas, la Comisión Permanente de Integración ha aprobado un total de 63 expedientes de unidades familiares, toda vez que ya se ha finalizado la obra de la tercera ronda en lo que afecta al tramo comprendido en el poblado de Penamoa.

Según el acuerdo adoptado en la última sesión, celebrada en diciembre del año pasado, no se han producido más incorporaciones al Plan Especial de Penamoa, siendo 79 los compromisos de adhesión firmados a dicho plan.

42 familias
Hasta la fecha, 42 unidades familiares han accedido ya a una vivienda normalizada, bien en la modalidad de alquiler, bien en la modalidad de adquisición de vivienda. Esto significa que 161 personas han abandonado la condición de chabolistas y residen ya en viviendas normalizadas.

Asimismo, se ha ejecutado el derribo y demolición de 105 chabolas, entre las que se contabilizan las utilizadas como infraviviendas y las que tenían otros usos. En estos momentos, más del 50% del territorio del poblado está liberado de chabolas y galpones.

Por otra parte, en este momento el Ayuntamiento coruñés (Servicios Sociales) continúa con las actividades socioeducativas en el Centro Cívico Convivencial, desarrollándose actividades lúdicas y de apoyo escolar para menores y talleres de apoyo social para mujeres.
La Comisión Permanente de Integración ha acordado que de cara a la última sesión de dicha comisión se presente un informe global del grado de ejecución del Plan Especial de Penamoa.

lunes, 16 de noviembre de 2009

El Concello ampliará la ORA a juzgados, Matogrande, Ciudad Jardín y A Gaiteira

El afán recaudatorio socialista no tiene límite. Lo peor es la excusa que ponen para ello. ¿Planifican hacer algún parking público? Nooooo... que eso no les da dinero ni a ellos ni a sus amigotes...

El Ayuntamiento pretende hacer desaparecer los problemas de aparcamiento del barrio de Matogrande, Ciudad Jardín, los juzgados y los alrededores de A Gaiteira. Con la implantación de la ORA persigue que los conductores ocupen durante menos tiempo las plazas disponibles y que aumente la movilidad en los lugares diseñados para dejar el coche. La doble fila afecta, sobre todo, a Matogrande, donde el Concello ha probado ya varias ideas para mejorar la fluidez del tráfico sin resultados óptimos

El Ayuntamiento ampliará el año que viene la zona ORA al barrio de Matogrande, entornos de A Gaiteira, los juzgados, la zona de Paseo de los Puentes y Ciudad Jardín, según informa en una respuesta al Partido Popular. Según fuentes municipales, la zona menos prioritaria para implantar la zona azul es la que rodea a A Gaiteira, aunque lo más probable es que la Concejalía encargada de regular el aparcamiento en la ciudad proponga a la Junta de Gobierno Local la ampliación en su conjunto con el objetivo de que esté aprobada en 2010.

Desde la creación del barrio de Matogrande, el Gobierno local ha probado diferentes ideas para acabar con la doble fila, iniciativas que, hasta el momento, no han logrado el objetivo deseado. En algunos casos se instalaron medianas de cemento para evitar que los conductores invadiesen el carril contrario al encontrarse con algún vehículo en doble fila y las zonas de estacionamiento se repintaron para poder aparcar en batería y ganar espacio. El aparcamiento subterráneo inaugurado en febrero pretendía ser también una solución a la falta de plazas en el barrio, pero esta opción tampoco está teniendo éxito.

La Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa) ha renunciado a gestionar este parking, su primera gran obra de infraestructura, por "los malos resultados económicos" obtenidos hasta el momento y por "el incumplimiento de los compromisos de compra" de plazas "por parte de los empresarios" del barrio. La empresa municipal invirtió 8,89 millones de euros en la construcción del aparcamiento, cuya explotación cederá ahora a un tercero a cambio de una renta anual. El objetivo de la zona ORA es que los conductores ocupen las plazas de estacionamiento durante un máximo de tiempo y que haya una mayor movilidad motivada también por el hecho de que hay que pagar.

El fin de extender la ORA al resto de barrios mencionados es la misma, aunque en estas zonas los problemas de aparcamiento sean menores.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

Sexo y drogas en plena calle

Algo falla en la seguridad de una calle si los vecinos que residen en ella han contemplado escenas en las que se combinan sexo y consumo de drogas que ocurren al aire libre o dentro de vehículos estacionados. Un supuesto intento de rapto sufrido por una menor ha causado la ira de unos residentes que denuncian la delincuencia que genera la presencia de un 'after hours' y de clubes de alterne

La visión de jóvenes que sangran tras haber participado en peleas multitudinarias, la presencia de individuos que disfrutan de los servicios de prostitutas dentro de sus coches y las visitas de narcotraficantes que venden su mercancía en plena calle se han convertido en algo habitual para los vecinos de la calle Cabo Santiago Gómez.

El intento de rapto de una menor frente al edificio Trébol y el asalto a la vivienda de una anciana han acrecentado el temor de los vecinos, algunos de los cuales han llegado a proponer la instalación de cámaras de vigilancia e incluso la organización de patrullas ciudadanas.

La repulsión generalizada hacia el ataque sufrido por la niña ha sido el detonante de la psicosis vecinal. Los residentes, sin embargo, aseguran que la inseguridad en la zona no es un fenómeno reciente y denuncian la presencia de un local after hours y de varios clubes de alterne que, según aseguran los propios habitantes del barrio, son fuente de actos delictivos y de violencia.

Todos los residentes encuestados por este diario son capaces de mencionar algún incidente ocurrido en la zona que han presenciado con sus propios ojos. Ancianas que temen ser atacadas en sus propias casas, chicas jóvenes que tienen miedo a pasear solas, familias que pasan noches en vela por el ruido de las reyertas y dueños de cafeterías que han contemplado a jóvenes tirados en el suelo tras recibir una paliza son algunos de los habitantes de un espacio urbano que, a pesar de su céntrica ubicación, parece haberse convertido en uno de los lugares más peligrosos de la ciudad.

"Cada tres días venía la policía. El local -por el after hours- estuvo cerrado una temporada. Los clubes de alterne son de los mismos dueños. Allí están los mayores traficantes de droga de toda la ciudad. Es lógico que la gente se altere, porque delinquir es muy barato en este país", comenta un hombre que presenció varios altercados y que prefiere no revelar su nombre por miedo a represalias de los que han conseguido aterrorizar a todo un barrio.

Los afectados por la inseguridad coinciden al señalar el explosivo cóctel de droga, prostitución y delincuencia organizada como causa y origen de los problemas. Los que han paseado por la manzana un domingo por la mañana con ánimo de investigar aseguran haber visto como las mujeres que venden su cuerpo reciben droga de los narcotraficantes para, después, pagarles con sexo.

"Se estila el cambio de sexo por droga y hay peleas todas las semanas. Es frecuente ver a gente esnifando cocaína y practicando el acto sexual, sobre todo los domingos por la mañana", explica el propietario de la cafetería Tortoni, Emilio Suárez, que, además de regentar el local, reside en uno de los edificios de la calle y tuvo oportunidad de participar en las agitadas reuniones mantenidas por los vecinos para buscar soluciones al problema de la delincuencia.

El miedo de los habitantes de la calle Cabo Santiago Gómez ha llegado a tal extremo que hay vecinos de la vía que temen que una banda organizada dedicada al robo de pisos y a la venta de droga tenga esta zona como centro de operaciones de sus fechorías.

La presencia de cámaras dentro del portal del edificio número 8 es una buena prueba del pánico vecinal. Los residentes de este bloque instalaron estos mecanismos de vigilancia después de haber dejado de pagar los servicios de un guardia privado al que habían contratado para mantener los altercados lo más lejos posibles de sus casas.

"Tenemos cámaras en el portal que graban lo que pasa dentro, pero para tenerlas fuera hay que tener un permiso especial", comenta un hombre dentro del edificio que está ubicado junto al polémico establecimiento after hours y cuyos ocupantes están hartos de padecer el problema de la inseguridad.

Los afectados consideran que los altercados resultan todavía más problemáticos por la hora a la que ocurren. Los que viven cerca del polémico local explican que el establecimiento abre sus puertas alrededor de las seis de la madrugada y no cierra hasta el mediodía, algo que provoca que los traficantes y las prostitutas -siempre según el testimonio de los residentes- coincidan con jubilados que disfrutan de su paseo matutino y con niños que juegan en la plaza.

La seguridad de los menores, sobre todo tras el intento de rapto de la niña, es una de las principales preocupaciones de las familias. Los padres insisten en que sus hijos procuren no regresar solos a casa y eviten a personas "con aspecto extraño". Los vecinos han colgado carteles para advertir a los niños del barrio y prevenir así posibles ataques, robos y secuestros.

Los residentes afirman que las autoridades conocen a la perfección lo que sucede en la calle e incluso los hay que denuncian que hay páginas pornográficas de internet en las que pueden visionarse vídeos grabados en la vía.

"Hay dos tipos que hacen fotografías y que las cuelgan en una página web. Es una vergüenza y alguien tiene que tomar cartas en el asunto", comenta el propietario de la cafetería Tortoni ubicada en Cabo Santiago Gómez.

Los residentes, que participaron en reuniones vecinales para analizar el problema, tienen muy presente lo sucedido hace unos meses en los alrededores de la plaza de Vigo, cuyos habitantes lograron que cerraran dos locales after hours que les impedían dormir tranquilos y que generaban un clima de inseguridad difícil de soportar.

Los vecinos que hablaron con este diario están convencidos, por los horarios de apertura de los locales y por el hecho de que todos ellos funcionen con la puerta cerrada y las persianas de las ventanas bajadas, que los establecimientos son ilegales y que el Concello tiene motivos para decretar su cierre.

Los habitantes de Cabo Santiago Gómez, aunque denuncian la permisividad del Gobierno local, defienden la labor de la Policía Nacional, cuyos agentes, según explican, "siempre acuden cuando reciben una llamada".

Las rápidas intervenciones de los agentes nacionales al recibir una llamada de auxilio, sin embargo, no impide que haya residentes que denuncian la escasa presencia policial en la zona y que reclaman patrullas permanentes para controlar la calle en los horarios especialmente conflictivos.

"Hace meses que yo no veo un guardia por esta zona", declara un jubilado tras salir por la puerta del edificio Trébol.

Los habitantes de los pisos de los edificios de la vía amenazan con iniciar movilizaciones si el problema persiste a pesar de sus denuncias. Los que viven con el temor a sufrir algún tipo de agresión o robo exigen al Ayuntamiento y a las fuerzas de seguridad que doten a la zona de una protección especial que sirva para alejar narcotraficantes y prostitutas.

lunes, 9 de noviembre de 2009

El Puerto pagó 251.000 euros en dietas al presidente y al director en 2008

Por asistir a las reuniones del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, los vocales que no pertenecen a la entidad cobraron 114.000 euros durante el año pasado. El entonces presidente, Macario Fernández-Alonso, y el director, Enrique Maciñeira, percibieron 251.000 euros en concepto de "desplazamiento, estancia y manutención". Por las dietas del comité, el ente marítimo desembolsó, en total, menos dinero que en 2007, pese a que los dos altos cargos del Puerto sí percibieron 8.000 euros más. Entre los vocales que formaban parte del consejo en 2008 hay tres concejales del PSOE y el portavoz municipal del BNG, Henrique Tello

La Autoridad Portuaria repartió el año pasado 365.000 euros -más de 60,7 millones de las antiguas pesetas-, en concepto de dietas, entre los miembros del consejo de administración, donde se analiza la gestión del ente público y se aprueban nuevos proyectos. Según el balance de cuentas, la mayor parte de la cantidad, 251.000 euros, fue para la "alta dirección" del Puerto coruñés -es decir, el entonces presidente, Macario Fernández-Alonso, y el director general, Enrique Maciñeira- "por desplazamiento, estancia y manutención".

El Puerto aprobó en junio las cuentas de 2008 y, por ley, debe hacer públicos los resultados. La institución marítima cuenta en su consejo de administración con representantes de las administraciones estatal, autonómica y local, y responsables del sector pesquero y empresarial. Es el principal órgano de gestión que se reúne alrededor de una vez al mes o cada mes y medio. En su balance, la Autoridad Portuaria especifica que en 2008 abonó 365.000 euros a los consejeros. En concreto, abonó 114.000 euros, en concepto de asistencia, entre "los miembros del consejo de administración que no tienen relación laboral" con el ente marítimo. El año pasado, 24 vocales se encontraban en esta situación.

Pero la principal cuantía en dietas se reparte entre los dirigentes de la institución, en este caso, el presidente y el director general. La Autoridad Portuaria justifica que los 251.000 abonados a Macario Fernández-Alonso y Enrique Maciñeira no son por asistir a las reuniones, sino por gastos de "desplazamiento, estancia y manutención de carácter oficial". El PP destituyó al primero con su llegada a la Xunta -su sucesor, Enrique Losada, tomó posesión de la presidencia en junio-, mientras que Maciñeira continúa en su cargo.

A estos 365.000 euros también hay que sumar otros 11.759 que el organismo portuario pagó a la Abogacía del Estado por ofrecer asesoría jurídica a los consejeros durante las reuniones del comité. La cantidad final que el Puerto coruñés dedicó el año pasado a dietas del consejo fue inferior a la de 2007, cuando se abonaron 373.000 euros, 8.000 más que en el último ejercicio completo bajo el mandato de Fernández-Alonso. Llama la atención que, mientras las dietas de los consejeros que no trabajan en la Autoridad Portuaria bajaron -pasaron de los 130.000 euros de 2007 a los 114.000 del año pasado-, los dirigentes del ente portuario cobraron 8.000 euros más que en 2007, cuando se llevaron 243.000 euros.

El consejo de administración tiene entre sus principales asuntos de debate durante los últimos años el puerto exterior de punta Langosteira, donde el Puerto ha reconocido un sobrecoste de 283 millones. Pese a que la Autoridad Portuaria debe hacer cuentas para obtener la mayor cantidad de beneficios posible para sufragar las obras de la dársena exterior, apenas rebajó un 2,15% el dinero para retribuciones del consejo de administración. Hay vocales que esgrimen que las dietas que cobran las dedican a acciones sociales o las transfieren a fundaciones sin ánimo de lucro.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria cuenta con 24 vocales, además del presidente del Puerto y su director general -este último tiene voz en las reuniones, pero no voto-. Durante el año pasado, sólo se produjo un cambio en el comité: en febrero de 2008, la Xunta informó de la entrada de José Miguel Lubián García, subdirector de Recursos Humanos de Puertos del Estado, por Jesús Poncela Pardo. Hubo una segunda cara nueva, con la incorporación de Jacinto Parga, entonces presidente de Portos de Galicia, aunque su designación ya se publicó en diciembre de 2007.

Fue 2008 un año sin apenas sobresaltos en el consejo de administración, sobre todo si se compara con 2009, cuando se produjo el cambio de gobierno en la Xunta. Desde el 31 de diciembre de 2008 hasta la actualidad, sólo once consejeros conservan su cargo. El nombramiento más significativo fue el del nuevo presidente -el Gobierno gallego sustituyó a Macario Fernández-Alonso por Enrique Losada-. En total, quince caras nuevas. Los últimos en entrar: el subdelegado del Gobierno, José Manuel Pose Mesura; y Álvaro Sánchez Manzanares, director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica de Puertos del Estado. Entre las curiosidades de este año está que la Xunta decidió destituir en junio al director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, pero lo readmitió al mes siguiente.

domingo, 8 de noviembre de 2009

El PP critica que la rehabilitación de la calle Barcelona «no mejora el anterior aspecto»

Las quejas vecinales en la zona de la calle Barcelona por el desarrollo de la mejora y reforma de esta zona han llegado a oídos del grupo municipal del Partido Popular, que a su vez trasladó las críticas al gobierno local, al entender que el proyecto que se ha llevado a cabo «no ha supuesto la incorporación de algún elemento que mejore la zona y en consecuencia no resuelve las carencias existentes».

Además, según denuncian los populares, la obra que se ha realizado en la calle, en los últimos meses, no se corresponde con una correcta adecuación para que sea un lugar de paseo y de recreo de los vecinos. Por ejemplo, el cemento que se ha puesto en el suelo es resbaladizo y cóncavo, lo que dificulta el paseo de personas con dificultad para andar (personas mayores, carritos de bebés, sillas de ruedas...). Por otro lado, «la calle va a quedar con menos luz, menos árboles y menos bancos que antes, algo que sorprende al realizarse una inversión de estas características». En definitiva, «queda una calle peatonal incómoda, impersonal, sin espacios verdes y que no se presta a la comunicación entre los vecinos, y además, con una inseguridad evidente».

Mobiliario
El grupo popular considera que una obra de esta envergadura «debería haber servido para dar una nueva imagen a una de las calles más concurridas de la ciudad, y sin embargo, el resultado final es un descontento generalizado de los vecinos por el diseño, los materiales y la falta de mobiliario urbano». El PP lamenta que la búsqueda del bienestar no haya sido el objetivo principal del gobierno municipal, «porque no se habló ni con los vecinos».