El partido critica que el Concello recalificase un ámbito de suelo industrial a residencial en la ronda de Outeiro porque ha sido la causa de que haya que devolver un terreno a un vecino.
El grupo municipal del Partido Popular en A Coruña asegura que en la gestión urbanística del Gobierno local de los últimos 25 años ha primado siempre "la especulación urbanística sobre el interés público". Así lo ha manifestado al referirse a la recalificación que realizó el Ayuntamiento de un terreno industrial como residencial, y con la máxima edificabilidad, en un ámbito entre la ronda de Outeiro, la avenida de Finisterre y la calle Isaac Peral. El Concello no contestó ayer a las preguntas formuladas en relación a la actuación urbanística municipal en este ámbito.
El Tribunal Supremo, tal y como desveló LA OPINIÓN, ha ordenado que se le devuelva a un vecino un terreno de unos 600 metros que le fue expropiado por el Estado en el año 1964 para darle un uso industrial - como continuación del polígono de A Grela-, debido a que en 1998 el Ayuntamiento coruñés lo recalificó como suelo residencial a través del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de ese año.
El derecho de reversión es un "remedio" para "impedir operaciones urbanísticas municipales con fines exclusivamente especulativos", según aseguran los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la sentencia de 2005 que confirmó el Tribunal Supremo este mismo mes.
El PP asegura que el Ejecutivo coruñés "ha actuado siempre de cómplice necesario en este tipo de especulaciones" en las que primero se expropian unos terrenos con finalidad inicial de utilidad pública, "a precios irrisorios", y luego se recalifica o se cambia el uso de dichos terrenos "para propiciar la especulación urbanística".
El responsable en temas de urbanismo del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, resaltó que al final de este proceso "los platos rotos" los paga la Administración pública, "es decir, todos los contribuyentes" porque como es imposible devolverle el terreno a su propietario original, pues sobre él se han levantado más de 400 pisos, hay que indemnizarlo. Y cuando se ejecute la sentencia los jueces determinarán quién deberá abonar dicha indemnización, que posiblemente sea el Estado, y por cuánto importe.
Miguel Lorenzo recordó que "esta forma de gestionar el urbanismo" en la ciudad "no es un hecho aislado" pues han ocurrido hechos similares en zonas como el barrio de Someso, "donde se expropió un terreno a un vecino con la finalidad de construir un campo de fútbol, autorizando posteriormente el Ayuntamiento el cambio de uso y la edificación de viviendas".
Lorenzo añade que actualmente este expropiado "está esperando la indemnización por parte del Concello de A Coruña".
El concejal del PP subrayó también que su grupo ha denunciado reiteradamente "lo que se ha convertido en algo habitual en el urbanismo de la ciudad: que se aprueban unos determinados planes urbanísticos y a través de las modificaciones posteriores se modifican totalmente los proyectos inicialmente aprobados dándose una mayor edificabilidad".
El Concello de hecho no sólo recalificó este terreno de uso industrial a residencial sino que le otorgó la máxima edificabilidad de todo el municipio para este tipo de suelo en concreto: 3,9 metros cuadrados por metro cuadrado, cuando la media en este tipo de suelos es de 1,7 metros.
Lorenzo insistió en que el Ayuntamiento coruñés modifica los proyectos iniciales para darles más edificabilidad "sin que vaya acompañado de las dotaciones y servicios públicos necesarios" que puedan hacer frente al "considerable aumento" de la densidad de población; "como se llevó a cabo, por ejemplo, en la urbanización de la calle Papagayo". Precisó que estas modificaciones posteriores de los proyectos iniciales se efectúan mediante estudios de detalle, planes parciales y otros instrumentos.
El edil del Partido Popular resaltó, con humor, que "probablemente" este tipo de urbanismo es el que entiende el actual alcalde "cuando se refiere a la arquitectura progresista" que ejerce el grupo de Gobierno, una arquitectura que "promueve una elevada densidad urbanística y en la que sólo progresan los metros cuadrados de ladrillo construido sin contemplar las conexiones viarias y los servicios públicos a los ciudadanos que deciden vivir en las nuevas urbanizaciones".
Miguel Lorenzo añadió que "independientemente de que en la actualidad se esté revisando el nuevo PGOM y realizando los estudios y formalidades garantistas que conlleva, de nada servirá el nuevo documento" si el Gobierno local "continúa modificando las normas urbanísticas constantemente, recalificando terrenos o modificando los usos y aumentado la edificabilidad".
En este ámbito entre la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre, además de contar con una alta edificabilidad, se construyó el triple del número de viviendas que permitía el plan general urbano: el PGOM preveía 136 de tope pero en la realidad se levantaron más de 400.
Esta limitación residencial en la práctica ha desaparecido en este ámbito tras una sentencia judicial, pero el Concello aún no la ejecutó mediante una modificación del planeamiento, así que aún sigue en vigor.
En este sector además el Concello vendió el aprovechamiento urbanístico, que le cedieron los promotores, a los mismos promotores, por un importe total de 2,2 millones de euros; y también hizo lo mismo con el subsuelo público, que se dedicó a aparcamiento privado.
En este ámbito además se encuentra una plaza pública que no se abrió a pesar de estar terminada y ahora se encuentra en un estado casi ruinoso, vallada, oxidada y llena de maleza. Los vecinos creen que habrá que construir otra plaza nueva debido a que la actual está inservible.
